La educación es un derecho fundamental garantizado por la Constitución ecuatoriana y la Ley de Educación Intercultural. Sin embargo, casos recientes, como el presunto maltrato a un niño con autismo en Ibarra, ponen de manifiesto las falencias del sistema. Este incidente no solo evidenció la falta de preparación de los docentes, sino también los prejuicios sociales que persisten, ya que incluso se sugirió trasladar al niño a una «escuela especial».
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