El 10 de febrero de 2025 marcó un hito en la defensa de los derechos de las personas con trastornos mentales en Ecuador. La Corte Constitucional notificó la sentencia No. 10-24-IN, resultado de la demanda presentada por APADA del Ecuador en contra de la reformatoria segunda de la Ley Orgánica de Salud Mental. Esta reforma ampliaba la interdicción jurídica a todas las personas con trastornos mentales, lo que generaba un serio retroceso en el reconocimiento de sus derechos.
¿Qué resolvió la Corte Constitucional?
La sentencia declaró la inconstitucionalidad de la norma, señalando que la Asamblea Nacional, al reemplazar el término «demente» por «persona con trastorno mental», equiparó injustamente a quienes tienen trastornos mentales leves o moderados con personas en estado de enajenación mental. Esto significaba que muchas personas con diagnósticos como autismo, TDAH o depresión podrían haber sido privadas de su autonomía legal, incluso cuando su capacidad de discernimiento y voluntad no se veía afectada.
Un Paso Fundamental para la Comunidad Autista
Esta decisión representa un avance crucial para la comunidad autista y para todas las personas con discapacidad psicosocial, quienes enfrentan discriminación y obstáculos para ejercer sus derechos de manera plena. Con esta resolución, se reconoce que la discapacidad psicosocial no debe ser motivo de interdicción automática ni de exclusión de la vida pública.
Agradecimiento a la Comunidad
Desde APADA del Ecuador, expresamos nuestro más profundo agradecimiento a las universidades, profesionales y adultos autistas que nos acompañaron en esta lucha con sus amicus curiae. Esta victoria es de todos y nos motiva a seguir trabajando por un país más inclusivo y equitativo.
